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El Real Decreto-ley 1/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 de enero de 2025, introduce una serie de medidas significativas en las áreas económicas, de transporte y de Seguridad Social. Estas disposiciones están diseñadas para abordar las necesidades de los colectivos más vulnerables, incluidos aquellos afectados por la erupción del volcán de La Palma y la DANA en Valencia. A continuación, se detallan las principales acciones que se implementan con esta normativa. 1. Medidas económicas y de financiación territorial Se extiende el régimen de suspensión de la liberalización de ciertas inversiones extranjeras directas hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta suspensión se aplica a inversiones en empresas cotizadas en España o en empresas no cotizadas cuyo valor de inversión supere los 500 millones de euros, realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Además, se suspende la causa de disolución por pérdidas derivadas de la DANA, permitiendo que las sociedades mercantiles afectadas no incluyan estas pérdidas en el cálculo de disolución hasta el cierre del ejercicio que comience en 2026. La información necesaria para identificar dichas pérdidas deberá ser presentada en la memoria que acompañe a las cuentas anuales desde 2024 en adelante. El Estado tendrá la facultad de autorizar a la Comunitat Valenciana para formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos adicionales para cubrir gastos extraordinarios relacionados con la DANA. Esta financiación se integrará en el ámbito del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, permitiendo un aumento en el importe de las operaciones de crédito conforme a lo estipulado en el Real Decreto-ley 17/2014. 2. Medidas en materia de transporte Entre las medidas complementarias, se establece un descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje para el transporte público colectivo terrestre en las Islas Canarias y las Illes Balears. Además, se implementarán las siguientes acciones: Ayudas directas al transporte público: Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025, se establecerá un sistema de ayudas para reducir los precios de los títulos de transporte urbano e interurbano, con bonificaciones específicas para la población infantil y juvenil. Esto incluye la gratuidad para niños hasta catorce años, un descuento del 50% en títulos para jóvenes y un 20% en abonos y títulos multiviaje. Reducción de precios en servicios de transporte: Se aplicarán bonificaciones en los precios de los billetes de transporte público de carretera entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025, así como descuentos en los servicios de cercanías y media distancia de Renfe Viajeros. Fomento del uso de bicicletas: Se subvencionará la adquisición de bicicletas de pedaleo asistido y eléctricas, excluyendo vehículos de segunda mano y aquellos adquiridos mediante leasing o renting. También se incentivará el desarrollo de servicios públicos de préstamo de bicicletas. 3. Medidas en materia de Seguridad Social y empleo El RD-ley 1/2025 también reanuda varias medidas en el ámbito de la Seguridad Social y el empleo: Revalorización de pensiones: Se establece un aumento del 2,8% en las pensiones, con detalles sobre las cuantías mínimas y límites para el año 2025. Actualización de la base máxima de cotización: Se implementará una nueva cotización de solidaridad a partir del 1 de enero de 2025. Beneficios en cotización para ERTE: Se ajustan los beneficios para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, con un compromiso de mantener el empleo por al menos seis meses tras la finalización de las ayudas. Medidas para el sector marítimo-pesquero: Se modifican normativas para beneficiar a los trabajadores de este sector, excluyendo la cotización adicional de solidaridad para los trabajadores autónomos. 4. Medidas para colectivos vulnerables en materia de vivienda Se implementan acciones para proteger a los hogares vulnerables frente a desahucios y garantizar el acceso a una vivienda digna: Suspensión de desahucios: Se extiende la suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025 para arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica. Los inquilinos deberán demostrar su situación mediante documentación específica. Compensaciones a arrendadores: Se establecerán compensaciones para los arrendadores afectados por la suspensión de desahucios, las cuales podrán ser solicitadas hasta el 31 de enero de 2026. 5. Extensión de las medidas para la reconstrucción económica de La Palma Las medidas incluyen la aplicación de ERTES por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2025 así como el aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social para empresas y autónomos afectados. 6. Apoyo a colectivos vulnerables en el ámbito del suministro de energía eléctrica y agua para 2025 Se implementarán descuentos en el bono social eléctrico durante 2025, con un 50% de descuento para consumidores vulnerables y un 65% para consumidores vulnerables severos en la primera mitad del año. En la segunda mitad, los descuentos serán del 42,5% y 57,5%, respectivamente. Además, se garantizará el suministro de agua y energía a estos consumidores durante todo el año.

El Real Decreto 31/2023, promulgado el 24 de enero, introduce cambios significativos en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que entraron en vigor el 26 de enero de 2023. Estas modificaciones están diseñadas para disminuir la carga fiscal sobre los artistas, afectando tanto a los ingresos laborales como a aquellos derivados de actividades económicas. Reducción del Tipo de Retención para Artistas Una de las modificaciones más destacadas es la reducción del tipo de retención aplicable a los ingresos laborales de los artistas que se desempeñan en las artes escénicas, audiovisuales y musicales. Este tipo de retención se ha reducido del 15% al 2%. Esta medida tiene como objetivo facilitar el desarrollo de la actividad artística y aliviar la presión fiscal sobre los profesionales del sector. Modificación en Rendimientos de Actividades Económicas Además, el tipo de retención para los ingresos derivados de ciertas actividades económicas realizadas por artistas también ha sido reducido, pasando del 15% al 7%. Esta reducción se aplica a aquellos ingresos que son intrínsecamente artísticos, así como a actividades clasificadas en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que incluyen espectáculos, actividades artísticas, literarias y culturales, así como profesiones artísticas. Esto abarca un amplio rango de profesionales, incluyendo técnicos de espectáculo, pintores, escultores, ceramistas, restauradores de arte, directores de cine y teatro, actores, bailarines, cantantes y compositores. Criterios para la Aplicación del Nuevo Tipo de Retención Para beneficiarse del nuevo tipo de retención del 7%, la normativa establece que los ingresos brutos totales de las actividades mencionadas en el ejercicio fiscal anterior deben ser inferiores a 15.000 euros y representar más del 75% de la suma total de los ingresos brutos de actividades económicas y laborales del contribuyente en ese mismo ejercicio. Además, es necesario que el artista notifique al pagador que cumple con estos requisitos, y el pagador debe conservar esta comunicación firmada. Aplicación a Actividades Técnicas y Auxiliares La reducción de los tipos de retención también se extiende a las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares que son esenciales para el desarrollo de las actividades artísticas mencionadas anteriormente. Esto implica que el apoyo técnico y logístico también se beneficia de un tratamiento fiscal más favorable. Beneficios Adicionales para Residentes en Ceuta y Melilla En ambos casos, la reducción del tipo de retención puede ser aún mayor. Para los ingresos obtenidos por residentes en Ceuta o Melilla, la retención se reduce a un 0,8% en el caso de ingresos laborales y a un 2,8% para los ingresos de actividades económicas. Esto se debe a que estos residentes pueden beneficiarse de la deducción estipulada en el artículo 68.4 de la Ley del IRPF, lo que representa un incentivo adicional para el desarrollo de actividades artísticas en estas regiones.

Capitalización del Desempleo y Renta Exenta Cuando un trabajador se encuentra en situación de desempleo y elige iniciar su propio negocio, tiene la opción de solicitar la capitalización de su prestación por desempleo. Este procedimiento le permite recibir el total de la prestación en un único pago, proporcionándole así los recursos necesarios para comenzar su proyecto. Es relevante señalar que los ingresos generados a través de esta capitalización están exentos de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.n de la Ley del IRPF. Requisitos para Mantener la Exención Para que el trabajador pueda asegurar la exención fiscal, es fundamental que, si ha invertido el dinero en una sociedad, no transfiera su participación antes de que transcurran cinco años. En el caso de haber iniciado su actividad como autónomo, deberá mantener dicha actividad durante el mismo periodo. Si no se cumplen estos requisitos, el trabajador deberá regularizar su situación en la autoliquidación del IRPF correspondiente al ejercicio en que se produzca el incumplimiento, lo que conlleva el pago de la cuota que no se abonó en su momento, junto con los intereses de demora, tal como indica la Dirección General de Tributos (DGT) en su resolución V4711-16. Opción de Reducción del 30% A pesar de la pérdida de la exención, los trabajadores que hayan capitalizado su prestación por desempleo pueden beneficiarse de una reducción del 30% en su IRPF. Esta reducción es aplicable si la prestación se generó en un periodo superior a dos años, lo que implica que el trabajador estuvo cotizando a la Seguridad Social durante un tiempo prolongado. Al regularizar su situación y calcular la mayor cuota de IRPF a pagar, tendrá derecho a aplicar esta reducción por plurianualidad sobre las rentas del trabajo generadas en más de dos años, tal como se establece en el artículo 18.2 de la Ley del IRPF y en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) del 21 de octubre de 2024.

Este artículo examina la relevancia de la prorrata especial obligatoria en el cálculo del IVA deducible para las empresas. Aunque muchas organizaciones utilizan la prorrata general a lo largo del año, es esencial que en la última declaración anual se analice la necesidad de recalcular el IVA deducido de acuerdo con la prorrata especial. Este procedimiento puede tener repercusiones significativas en la gestión fiscal de la empresa. Revisión del IVA Deducible A pesar de haber empleado la prorrata general durante el año, es crucial que en la declaración final del ejercicio, ya sea en diciembre o en el cuarto trimestre, se efectúe un cálculo del IVA que podría haberse deducido si se hubiera optado por la prorrata especial. Este procedimiento se conoce como la regla de los diez puntos. Regla de a aplicar La normativa establece que si el IVA deducible calculado mediante la prorrata general excede en más de un 10% el IVA que se habría deducido bajo la prorrata especial, la empresa está obligada a aplicar esta última en el mismo ejercicio que está cerrando. Este requisito tiene como objetivo prevenir que las empresas se beneficien de manera desproporcionada de la prorrata general. Motivación de la Normativa La prorrata general fue diseñada para simplificar el cálculo del IVA deducible. Sin embargo, la legislación prohíbe su uso cuando se determina que la empresa obtiene una ventaja desproporcionada en comparación con la prorrata especial. Por esta razón, se ha establecido un límite del 10%; si se supera, la empresa deberá regularizar el IVA deducido en la declaración final del año. Implicaciones para Años Futuros En los casos donde se aplique la prorrata especial de manera obligatoria, la empresa no deberá marcar la casilla correspondiente en el modelo 303, ya que su aplicación es obligatoria. A diferencia de las situaciones en las que se opta voluntariamente por este régimen, la empresa no estará obligada a mantener esta opción durante dos años adicionales. Por lo tanto, en 2025, podrá regresar a la prorrata general si así lo desea. Es fundamental recordar que la prorrata especial se convierte en obligatoria si el IVA deducible bajo la prorrata general supera en más de un 10% el que se habría deducido con la prorrata especial.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una decisión que respalda la legalidad del despido de un empleado que se encontraba en periodo de prueba, a pesar de estar de baja médica debido a un accidente laboral. Esta sentencia es significativa, ya que aborda la relación entre los derechos laborales y las decisiones empresariales en situaciones de incapacidad temporal. Cese durante el periodo de prueba El Tribunal ha ratificado la legalidad del despido de un carpintero que estaba en periodo de prueba, a pesar de haber sufrido un accidente laboral que resultó en una baja médica. La sentencia número 1025/2024 establece que la decisión de despido no se considera un acto discriminatorio por razones de salud, en línea con la normativa laboral y constitucional vigente. Detalles del caso El trabajador fue contratado bajo un contrato temporal que incluía un periodo de prueba de un mes, desempeñando funciones como oficial de primera en una empresa de carpintería. Pocos días después de iniciar su labor, se le informó que no cumplía con los requisitos necesarios para el puesto, debido a errores en la ejecución de tareas básicas, según lo indicado por sus compañeros de trabajo. Esta notificación llevó a la empresa a iniciar el proceso de cese contractual antes de que ocurriera el accidente. El accidente se produjo en el cuarto día de trabajo del empleado, cuando sufrió una caída de una escalera. Como consecuencia, fue diagnosticado con lesiones leves y se le otorgó una baja médica de corta duración. Posteriormente, se le comunicó su despido por no haber superado el periodo de prueba. Análisis del TSJ El tribunal subraya que el periodo de prueba, conforme al artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, permite al empleador finalizar la relación laboral sin necesidad de justificar su decisión, siempre que no se vulneren derechos fundamentales. Sin embargo, si se presenta un indicio de discriminación, la carga de la prueba recae en el empleador, quien debe demostrar que el despido se basa en razones objetivas y no discriminatorias. En este caso, la proximidad temporal entre el accidente laboral y la notificación del despido podría haber generado dudas sobre una posible violación del derecho a la igualdad. No obstante, el TSJ determinó que la empresa logró desvirtuar este indicio al demostrar que la decisión de despido fue tomada y comunicada a su gestoría antes de que ocurriera el accidente. Además, se evidenció la falta de capacidad del trabajador para desempeñar las funciones asignadas. Derechos fundamentales y límites empresariales El fallo del tribunal enfatiza que, aunque las decisiones empresariales durante el periodo de prueba no requieren una justificación exhaustiva, deben respetar los derechos fundamentales de los trabajadores. La nulidad del despido solo puede ser declarada si el trabajador presenta indicios razonables de discriminación. En este caso, la sentencia valida la actuación de la empresa como conforme a derecho. La resolución del TSJ refuerza la noción de que el periodo de prueba no exime a las empresas de cumplir con los principios de igualdad y no discriminación. Al mismo tiempo, destaca la importancia de mantener una documentación precisa y oportuna de las decisiones empresariales, lo cual es esencial para justificar despidos que puedan resultar controvertidos.

En el contexto de la tributación en España, es fundamental entender las implicaciones de la declaración conjunta para las unidades familiares, especialmente en situaciones de separación o en parejas sin vínculo matrimonial. Este artículo aborda las normativas y criterios establecidos por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación con la tributación conjunta y las condiciones necesarias para su aplicación. Definición de Unidad Familiar La unidad familiar se compone de los cónyuges y sus hijos, siempre que estos sean menores de edad, a menos que vivan de manera independiente con el consentimiento de sus padres. También se incluyen los hijos mayores de edad que estén incapacitados judicialmente y estén bajo patria potestad prorrogada o rehabilitada, así como aquellos que presenten discapacidades y estén sujetos a cautela representativa por resolución judicial. Tributación en Parejas Sin Vínculo Matrimonial En el caso de parejas que no están casadas, solo uno de los miembros, ya sea el padre o la madre, puede optar por formar una unidad familiar con todos los hijos menores o mayores incapacitados que residen con él o ella. El otro miembro de la pareja deberá presentar su declaración de forma individual. En situaciones donde los esposos están separados o divorciados, la opción de tributación conjunta se asigna a la persona que tiene la guarda y custodia de los hijos. Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central El TEAC, mediante su resolución n.º 2172/2023, de 19 de julio de 2024, ha establecido un criterio unificado sobre la opción de tributación conjunta en casos de separación legal o ausencia de vínculo matrimonial, especialmente en situaciones de guarda y custodia compartida. Según el TEAC, si solo uno de los cónyuges separados tiene la guarda y custodia, únicamente él o ella podrá acogerse a la tributación conjunta con todos los hijos, mientras que el otro cónyuge deberá tributar de manera individual, independientemente de la elección del primero. Acuerdo Mutuo y Guarda y Custodia Compartida En los casos donde la guarda y custodia de los hijos es compartida, la falta de un acuerdo mutuo entre los excónyuges puede generar complicaciones. Si uno o ambos deciden acogerse a la tributación conjunta sin un acuerdo previo, se presentarán problemas. Si ambos cónyuges intentan acogerse a la tributación conjunta, ninguno de ellos podrá hacerlo, lo que obligará a ambos a tributar de forma individual. Esto también afectará a todos los miembros de la unidad familiar, impidiendo la aplicación de la reducción de 2.150 euros estipulada en el artículo 84.2.4.º de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). Conclusiones del TEAC El TEAC ha determinado que, en situaciones de separación legal o ausencia de vínculo matrimonial con guarda y custodia compartida, si no se presenta un acuerdo mutuo que permita a uno de los progenitores acogerse a la tributación conjunta, ambos progenitores y todos los hijos deberán tributar de manera individual. Esta decisión se fundamenta en la redacción de los artículos 82.1.2.ª y 82.2 de la LIRPF, lo que implica que la reducción del artículo 84.2.4.º no será aplicable en estos casos.

En el contexto actual de la normativa fiscal, es fundamental que los contribuyentes estén al tanto de las nuevas obligaciones relacionadas con la declaración de la renta. Recientemente, se han implementado cambios significativos que afectan a aquellos que han recibido prestaciones por desempleo. A continuación, se detalla la nueva obligación que deberán cumplir estos beneficiarios. Nueva obligación de presentar la declaración de la renta para beneficiarios de prestaciones por desempleo A partir de ahora, todos los contribuyentes que hayan recibido prestaciones por desempleo durante el año deberán presentar la declaración de la renta en la campaña del IRPF, sin importar sus ingresos o la duración de la prestación. Esta nueva obligación es resultado de una modificación en la Ley General de la Seguridad Social, que amplía el número de colectivos obligados a realizar la declaración. Este cambio es análogo a lo que se estableció en la última campaña, donde se determinó que todos los autónomos debían presentar la declaración, independientemente de sus ingresos. Desde la próxima campaña, cualquier persona que haya cobrado el paro, aunque sea solo un día, estará obligada a realizar la declaración. Se ha añadido un párrafo al artículo 299 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que los beneficiarios de prestaciones por desempleo deberán presentar anualmente la declaración del IRPF. Esta medida, que forma parte del Real Decreto-ley 2/2024, entrará en vigor el 1 de noviembre y afectará a la próxima campaña de la renta correspondiente al año 2025, donde se liquidará el IRPF del año 2024. Límites para la presentación de la declaración y posibles sanciones Hasta ahora, los límites para la presentación de la declaración del IRPF eran de 22.000 euros para aquellos contribuyentes que contaban con un solo pagador, y de 15.876 euros para aquellos que tenían más de un pagador, siempre que la suma percibida del segundo pagador y otros ingresos no superara los 1.500 euros anuales. Sin embargo, con la nueva normativa, el incumplimiento de la obligación de presentar la declaración puede acarrear sanciones significativas para el contribuyente. Consecuencias del incumplimiento En caso de no presentar la declaración, los beneficiarios de prestaciones por desempleo podrían enfrentar sanciones y la posible pérdida del cobro del paro. La Ley General de la Seguridad Social establece que la suspensión de la prestación por desempleo se llevará a cabo si se detecta que los beneficiarios no han cumplido con la obligación de presentar la declaración del IRPF durante un ejercicio fiscal. Multas y penalizaciones Si un contribuyente no presenta su declaración y esta resulta a pagar, deberá abonar el importe correspondiente junto con una multa que puede oscilar entre el 50% y el 150% del total de la deuda. Esta cantidad podría incrementarse si la Agencia Tributaria considera que ha habido un perjuicio económico o si el contribuyente ha incurrido en esta falta en ocasiones anteriores. Para aquellos que obtengan una declaración a devolver y no la presenten, la sanción podría alcanzar hasta los 200 euros.

Detectar y Prevenir Fraude en Contabilidad

Problemas de un CIF REVOCADO